A continuación un artículo de nuestro colaborador
general PNP Manuel Acuña Timoteo, publicado en la columna "Seguridad Ciudadana" del Diario Expreso.
Un hecho condenable registrado el último fin de semana, ha enlutado a una honorable familia limeña y ha puesto en evidencia la ferocidad de las llamadas “barras bravas”. El férreo control policial que se adopta y que obedece a un buen estructurado plan de operaciones, viene resultando insuficiente para controlar a numerosos barristas que se trasladan a los escenarios deportivos; especialmente cuando se programan partidos de fútbol de los llamados equipos grandes del campeonato de fútbol profesional.
La perdida de la vida de una nóvel profesional como Paola Vargas Ortiz (25), debe servir para hacer un exhaustivo análisis del comportamiento de la propia sociedad y un serio llamado de atención a las autoridades públicas y privadas que participan en la organización y control de las actividades deportivas en el territorio nacional.
Con anticipación, la Policía Nacional, ha desarrollado una serie de estrategias conducentes a mejorar el control del orden público en este tipo de espectáculos, que incluye el traslado agrupado por la vía pública de los hinchas y su comportamiento al interior de los escenarios. Pero esta grande responsabilidad, no debe y puede recaer solamente en la institución policial. Detrás de la programación de un evento deportivo están otros organismos, entre ellos la propia dirigencia de los clubes que tienen la tarea de empadronar a sus barristas, de contar con equipos de vídeo para grabar su llegada y permanencia a los cosos deportivos a fin de facilitar la labor policial de mantener el orden y la tranquilidad en las justas deportivas.
Otra causa que agrava a esta problemática es la informalidad del transporte público; informalidad que acarrea irresponsabilidad de los propietarios y empresas de transporte, al no empadronar a conductores y ayudantes; entrampamientos que dificultan la labor policial para casos de identificación y esclarecimiento de hechos policiales.
El caso de homicidio del fin de semana estaría resuelto si se cumplieran todas estas exigencias, y una que recobra singular importancia, la cooperación de la propia ciudadanía a su policía; de ser así, los asesinos estarían identificados y capturados.
Queda entonces reflexionar sobre este hecho criminal y buscar nuevos mecanismos preventivos que salvaguarden la vida e integridad de los ciudadanos. Si bien es verdad que el mantenimiento del orden público es una función policial, también es verdad que la responsabilidad de este delicado encargo constitucional debe ser compartida con otros organismos públicos y privados y principalmente con la propia sociedad.
Desde esta columna invocamos la colaboración de la ciudadanía con su Policía, a fin de identificar a los criminales e impedirles transitar libremente por las calles, a la espera de consumar nuevos hechos delictivos que conlleven, en conjunto, a crear una psicosis colectiva y graves daños al desarrollo socio económico de la población.
